Campaña para boicotear estas empresas que atentan contra los derechos humanos en Colombia.
TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS CAPITULO COLOMBIA
El pasado 18 de febrero de 2005, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, reunidas en la sede de Sinaltrainal, luego de realizado un análisis responsable de la crisis humanitaria y ecológica que atraviesan las distintas regiones del país, consideraron necesario proponer un Tribunal Permanente de los Pueblos TPP que analice y juzgue la política de Empresas Transnacionales ETNs que se han beneficiado de Crímenes de Lesa Humanidad bajo la lógica de la acumulación, el control de zonas enteras y de su economía y del saqueo de los recursos naturales, precarizando la población y destruyendo el medio ambiente y la biodiversidad.
Consideraron indispensable:
- Estudiar y juzgar la responsabilidad de las ETNs en la situación actual de las comunidades indígenas que están siendo afectadas por la implementación de megaproyectos en sus territorios acabando con sus costumbres, su forma de vida y su cosmovisión.
- Condenar la política de las multinacionales que hayan resultado responsables de delitos contra la humanidad y generar una propuesta de reparación integral que contribuya a mitigar el dolor de las víctimas y la reconstrucción que fuere posible del medio ambiente.
- Analizar la coyuntura actual que atraviesa el país con la promulgación de la ley de "Justicia y Paz" que profundiza y perpetúa la impunidad existente hasta el día de hoy en relación con los crímenes de Lesa Humanidad, en beneficio de las ETNs .
- Ventilar los criterios de justicia con los que se está promulgando dicha ley ya que es la expresión clara y contundente de la intención del gobierno de legalizar las expropiaciones que ha hecho la fuerza paramilitar funcional a los intereses de las Empresas Transnacionales.
- Enjuiciar popularmente la intención del gobierno colombiano de aprobar el ALCA y TLC por cuanto son tratados violatorios de los derechos de los pueblos, en beneficio único y exclusivo de consorcios transnacionales.
La privatización de los servicios públicos y el saqueo cometido por las Empresas Transnacionales empobrecen al pueblo de Colombia y le quitan toda posibilidad de vivir en condiciones dignas.
Las audiencias públicas se realizarán por sectores de la economía nacional, regiones del país y se caracteriza, juzga y condena la política de las ETNs aquí enunciadas Cada una de las audiencias públicas arrojará los casos más relevantes de violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad y una declaración política; elementos que finalmente irán a una sesión final o deliberante del Tribunal Permanente de los Pueblos que emitirá un fallo final sobre los impactos de la política de las ETNs en la población colombiana y la biodiversidad y trazará el plan que permitirá obtener la reparación integral de las víctimas.
Sector: Alimentación.
Transnacionales: Cambio en la dieta tradicional: Coca cola, Pepsi cola, Burger King, Mc Donalds, Nestlè. Café: Carrgil, Nestlè, Kraft, Jacopsh. Banano: Del Monte, Chiquita Brands, Dole. Palma Africana: Unilever, Wr. Grace (EUA). Caña de Azúcar: Ferruzzi (Italia), Tile and Lyte (EUA). Manejo de Germoplasma: Monsanto, Zaeneca (Inglaterra), Novartis (Suiza), Agroevo, Dupont, Dow.
Los indicadores correspondientes a la cuestión alimentaria en Colombia no corresponden con la realidad de la producción agrícola y menos con el potencial de la producción del suelo, lo anterior a causa de las políticas impuestas por las Empresas Transnacionales de alimentos. Hasta el año 2000, en el mundo murieron 58 millones de personas por causas atribuibles al modelo neoliberal, cifra mayor a los muertos que ocasionó la segunda guerra mundial. Cuatro millones de colombianos sufren de hambre severa y treinta millones sufren de algún grado de desnutrición. En Colombia existen 43 millones de hectáreas disponibles para el cultivo, pero el 8% de los propietarios tienen el 70% de la tierra. En 1980 se abastecía el 73% del consumo con productos colombianos y en la actualidad únicamente se abastece el 48%, habiéndose reducido un 25%. En 1990 importábamos 400 millones de dólares, en 1999 importábamos 1600 millones de dólares en alimentos estratégicos que estamos en capacidad de cosechar. Es necesario también señalar la irrupción y el cambio cultural que ejercen las ETN's de alimentos en la dieta tradicional de los pueblos, incluyendo nuevos productos y obligando costumbres ajenas a las tradiciones culturales.
Relación con el Paramilitarismo: Las grandes transnacionales de alimentación se benefician directamente de los paramilitares ya que utilizan su fuerza devastadora y criminal para aumentar la concentración de la a tierra y el aumento del latifundio. Existen 3 millones de desplazados que son en su mayoría campesinos pequeños propietarios cuyas tierras se encuentran cerca de los mercados mas importantes, al igual que de zonas aledañas a los grandes latifundios (Arauca, Llanos Orientales y Amazonía). Las zonas mas impactadas por el paramilitarismo en la actualidad se encuentran en la mira de las transnacionales de la Palma aceitera para la implementación de megaplantíos de la especie, como Chocó, y en la mayoría de municipios donde se desarrolla el conflicto armado en la actualidad se encuentran cultivos o procesadoras de dichas transnacionales. Los sindicatos de las transnacionales de los alimentos como Coca-cola y Nestlè han sido víctimas de los crímenes contra sus asociados por la lucha que han desarrollado en contra de estas políticas homicidas. Las transnacionales auspician directamente ejércitos paramilitares para amenazar y hacer frente a los sindicatos.
Corrupción: El gobierno colombiano es responsable por el establecimiento de beneficios desmedidos a las transnacionales de alimentos y por el mal manejo de la importación de productos en detrimento de la soberanía alimentaria del pueblo colombiano, ya que en la actualidad Colombia está importando desmedidamente alimentos que podríamos estar cosechando y por lo tanto, se está eliminando la posibilidad de un desarrollo coherente del campo.
Impactos Ambientales: Empresas como Coca-cola y Pepsi cola y Nestlè compiten por el robo de agua y la contaminación de las principales fuentes del líquido que puede condenar a la muerte a comunidades enteras, dado que el ecosistema se altera de tal forma que no es posible sostener dichos cambios. Coca-cola se apropia de los nacimientos de agua para después vender el líquido embasado a altos precios.
Condiciones laborales: La inclusión del modelo neoliberal y el monopolio de alimentos por parte de las ETN's conlleva cambios en las condiciones laborales que se ven reflejadas específicamente en la flexibilización laboral, la subcontratación, el trabajo jornalero y el trabajo a destajo que empobrecen aun mas a la clase trabajadora. La plusvalía generada por la agroindustria que es una de las industrias mas fuertes enriquece a las ETN's que ya se mencionaron.
Sector: Petróleo
Transnacionales: Occidental Petroleum Corporation, Repsol, Shell, British Petroleum Company, Argosy, Perenco, Hocol, Petrobras.
En la actualidad, el gobierno Colombiano adelanta una agresiva estrategia de exploración petrolera, originada por el agotamiento de las reservas, que en su gran mayoría han sido explotadas de manera intensiva. Los mayores yacimientos petroleros encontrados en Colombia están ubicados en el piedemonte de la cordillera oriental, en los departamentos de Arauca en donde está el yacimiento Caño Limón operado por la Occidental Petroleum, en Casanare con los yacimientos Cusiana y Cupiagua operado por la British Petroleum (asociada con Total y Triton), y en general pequeños yacimientos concentrados en el Departamento del Putumayo y en la cuenca media del Magdalena. En general los atropellos relacionados por parte de estas empresas contra el pueblo colombiano se resumen en los siguientes aspectos:
Vínculos con grupos paramilitares: las empresas petroleras han tenido responsabilidad directa con el conflicto colombiano. Inicialmente han financiado batallones del ejército con el objeto de brindar seguridad a las instalaciones petroleras, han tenido influencia directa en las decisiones militares como la escogencia de los comandantes de batallón, e incluso operativos militares (caso Santo Domingo). Por otro lado se tiene antecedentes de vínculos o patrocinios a grupos paramilitares, quienes han hecho las operaciones que incriminarían al ejército en acciones contra la población civil, en una clara estrategia de control político contra las organizaciones sociales que tengan alguna oposición a los designios de esta empresa. Entre los antecedentes de esto se encuentran: El Caso de Santo Domingo -Arauca, el Asesinato de varios líderes de la Asociación Acdainsu, en Casanare, El financiamiento directo de la brigada XVI en Yopal y la XX en Arauca, la penetración de grupos paramilitares desde areas "protegidas" por el ejército, el servicio de guardas de seguridad a altos mandos de la BP por parte de reconocidos paramilitares, crímenes de lesa humanidad y desplazamientos de comunidades perpetrados por grupos paramilitares en áreas de interés exploratorio, entre otros.
Impactos Ambientales: Las actividades petroleras han dejado serios daños sobre el medio ambiente, lo que significa una grave amenaza para la sostenibilidad de la vida en la región. Se encuentra una clara falta de control institucional, altos niveles de corrupción propiciados desde las empresas petroleras, y la invisibilización de los procesos de denuncia y judicialización. Entre los casos se encuentran: la desaparición de la laguna de lipa, el vertimiento de aguas altamente contaminadas en la cuenca del río Arauca, modificación del régimen hidrológico regional, en el departamento de Arauca, el secamiento de los rios Charte, Unete, Cravo sur y Cusiana con el bombeo de agua pura al subsuelo y la deforestacion relacionada con las actividades petroleras, la generación de gases contaminantes que han causado graves daños sobre cultivos. Y en general el deterioro de las condiciones ambientales en las áreas petroleras aledañas a los yacimientos petroleros del departamento del Putumayo (Texas y Ecopetrol), Santanderes (Shell y Texaco), Tolima y Meta (Chevron Texaco).
Etnocidios: las actividades petroleras han estado relacionadas históricamente con procesos sistemáticos de exterminio a comunidades nativas, estos antecedentes se remontan a los inicios del siglo veinte, por los cuales fueron exterminadas etnias enteras. Entre los antecedentes se encuentran el exterminio de los Yariguíes en el magdalena medio por parte de la Standar oil, el conflicto con los Uwas por parte de la Occidental, los Cofanes y Sionas en el putumayo por parte de la Argosy, el exterminio de los Guahibos por parte de la Occidental, y la sangrienta persecución contra los Motilón-Bari en el Catatumbo.
Corrupción: las empresas petroleras han sido un factor de desestabilización, manipulación y sometimiento del estado colombiano y de los intereses de la nación. Históricamente puede verse como decretos, leyes y artículos de la constitución a favor de los intereses de las empresas transnacionales petroleras. Existen sonados casos en los que las regalías relacionadas con el petróleo han sido un factor de exclusión, corrupción y empobrecimiento generalizado.
El tribunal esta siendo apoyado por las siguientes organizaciones: Aduc-Arauca, Asojer Arauca, Comité de Derechos humanos "Joel Sierra", CED-INS, Cospacc, USO, Asojuntas-Arauca.
Sector: Carbón.
Transnacionales: Glencore, Angloamerican, BHP Billiton, Drummond.
El 90% de las reservas de Carbón se encuentran entre la Sierra nevada de Santamarta y la serranía del Perijá, en una gran cuenca de hidrocarburos que se extiende desde el centro del departamento del Cesar hasta la Guajira. Los yacimientos de la Guajira se concentran en el proyecto minero denominado el Cerrejón, del cual hacen parte las mineras Glencore, Angloamerican, y BHP Billiton. En el centro del departamento del Cesar se encuentra la mina La Loma operada por Drummond. Las concesiones de operación de estas minas han estado llenas de escándalos de corrupción desde los inicios de la década del ochenta hasta nuestros días, en términos generales, se estima que la entrega inescrupulosa de las minas de carbón del Cerrejón ha significado pérdidas por más de 10,500 millones de dólares (casi la mitad de la deuda externa colombiana) y la modificación del código de minas por el cual las regalías por la explotación por este recurso descendieron del 15% al 0.4%, lo que significa una cifra que sigue incalculada, y que se vuelve astronómica con los proyectos de duplicación de la producción en la Guajira y en el Cesar.
Despliegue de dispositivos de seguridad: A lo largo de los yacimientos mineros, que tienen un área de influencia de 200 km de longitud en el caso del Cerrejón, y de 250 km en el caso de la loma, se presenta un dispositivo de seguridad que busca blindar a la infraestructura de explotación de carbón, por lo que las empresas petroleras financian emplazamientos militares en su región de influencia. A pesar de lo anterior grupos paramilitares torturaron y asesinaron al presidente y al vicepresidente del sindicato, a lo que se suman los hostigamientos y persecuciones contra las organizaciones sociales y sindicales de la región. A pesar de lo anterior, en la región cohabitan de manera "pacífica" los batallones militares que cuidan la infraestructura y las organizaciones paramilitares desde el sur del cesar hasta el norte de la Guajira. En los pueblos de influencia de las empresas mineras, el poder real lo ejercen grupos paramilitares locales, quienes exigen tributo, administran justicia, designan cargos públicos y hacen el control policivo.
Ocupación de tierras: En la entrega de los yacimientos por parte del estado, la empresa ha ocupado las tierras con continuos antecedentes de corrupción, imposición de sus intereses, y fraudes en contra de las comunidades negras, campesinas e indígenas de la región. Se cuentan los casos de Tabaco, Oreganal, y otros. En una actividad que devora ríos, tierras y comunidades ahora aparecen los casos de Tabaco, Roche y Chancleta, cuyas comunidades y sus líderes ahora son objeto de persecución.
Condiciones laborales: En el caso de la Loma, los trabajadores que fueron asesinados, estaban en medio de un conflicto exigiendo media hora de descanso para poder comer el almuerzo, durante un turno de 12 horas continuas de trabajo. En esta mina, se tienen testimonios de condiciones infrahumanas de trabajo, en las cuales se reportan continuamente enfermedades profesionales y accidentes que son disimulados por el manejo de la información que hace la empresa, y que en la mayoría de los casos ha despedido a los trabajadores lesionados por las condiciones de trabajo. Se cuentan casos repetidos de enfermedades pulmonares, oculares y epidérmicas por la alta contaminación atmosférica, problemas de Columna por las duras condiciones del terreno.
Daños Ambientales: Los daños ambientales son incalculables, al año se remueven cerca de 150 millones de toneladas de tierra en el caso del Cerrejón, en un inmenso hueco de proporciones descomunales que cada vez se amplía y crece sobre campos y ríos. A la mina del Cerrejón se le responsabiliza por el secamiento y la contaminación paulatina del río ranchería (fuente hídrica de la región), la desaparición de bosques y ecosistemas nativos, y la generación continua de polvillo de carbón, que daña cultivos, y ocasiona enfermedades especialmente pulmonares y oculares, también hay casos de embarazos con malformaciones en los pueblos vecinos a la mina, estos daños ambientales tienen un impacto en todo el departamento de la Guajira, al sumar las problemáticas que aparecen en el puerto de embarque. En el caso de Drummond, la explotación y transporte de Carbón también reportan graves daños por contaminación atmosférica y secamiento de las corrientes de agua, en el transporte en ferrocarril y en el embarque (que cubre una distancia de 180 km aprox), el polvillo de carbón es arrastrado grandes distancias por los vientos, generando también daños en cultivos transitorios y perennes, además del deterioro de la pesca dentro del área de influencia del puerto, y la aparición de enfermedades epidérmicas.
Sector: Oro
Transnacionales: Corona Goldfiels, BMR, American Gold Corporation, Grey Star, Platinum Western, Anglogold.
A lo largo de la historia, la explotación minera ha sido uno de los principales atractivos del suelo colombiano. En la actualidad la estrategia de apropiación y explotación ha variado pero la consecuencia de esta práctica continúa siendo el exterminio de los pueblos y los territorios que contienen el codiciado metal. En los años noventa, y por decisión del Banco Mundial, los países de América Latina debieron cambiar su legislación para adecuarla a las exigencias de las compañías multinacionales, que abogan por la apertura de los mercados para poder explotar, sin control ni medida, los recursos naturales de nuestro continente. En Colombia las grandes empresas mineras transnacionales se encuentran explotando oro en regiones que presentan las mas robustas y puras vetas de América, para lo cual han expropiado a mineros artesanales a sangre y fuego creando uno de los conflictos sociales mas graves y desgarradores que presenta nuestra sociedad: el desplazamiento forzado por causa de la violencia. Las regiones en donde se encuentran dichas vetas son: Sur de Bolívar, Nordeste antioqueño, centro y sur de Chocó, norte de risaralda, sur de Tolima, Vaupés y Guainía. Las zonas que presentan explotación aurífera son coincidencialmente las zonas mas devastadas por la pobreza y por la violencia. Entre 1997 y 1998 el desplazamiento forzado en el Sur de Bolívar aumentó un 1500% en los momentos en que se acentuaron las operaciones militar - paramilitares. Los departamentos que presentan la presencia mas notoria de ejércitos paramilitares son los que cuentan con explotación de oro a saber: Antioquia, Chocó, Bolívar. El procedimiento que siguen las empresas multinacionales es el siguiente: firman un contrato de seguridad con el ejército colombiano para recibir protección, especialmente ante ataques eventuales de la guerrilla, pero es un acuerdo firmado literalmente con los paramilitares, quienes se encargan de desplazar a la población para poder usufructuar las minas sin tener que esperar que sus dueños originales vendan.
Sector: Servicios Públicos
Transnacionales: Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona
Desde mediados de la década del noventa, empezó la ola de privatización de las empresas de servicios públicos, especialmente las empresas de servicio de electricidad y agua. En el año 1999 Unión Fenosa compra Electrocosta y Electricaribe, dos empresas de comercializadoras de electricidad que cubren toda la costa caribe colombiana, en el año 1998 Endesa compra la comercializadora de electricidad en Bogotá, estos casos y otros mas, han despertado enormes manifestaciones publicas de protesta por el incremento desmedido en las tarifas, por el deterioro del servicio, por la actitud arrogante y abusiva de las empresas para con los usuarios, y por el cinismo en los sistemáticos cortes de electricidad como represalia en contra de las protestas populares. La discusión acerca de la propiedad de las empresas de servicios públicos, debe partir de la importancia fundamental que tienen para todas las comunidades, y al ponerlos dentro de la lógica del mercado desaparece su función social, y se encadenan especialmente a todos los sectores sociales a pagar tributo por existir, al ser sometidos a un consumo ineludible como es el del agua y la energía, y por el cual tienen que pagar tarifas sumamente altas.
Entrega de contratos: En los casos de venta de empresas de servicios públicos también se han generado grandes escándalos, varios especialistas afirman que Endesa adquirió la empresa comercializadora y generadora a un precio 40% inferior al real. El caso de adquisición de la venta de las empresas comercializadoras en la costa caribe también fue motivo de escándalo y duros señalamientos.
Incremento de las Tarifas. Posterior a la privatización de las empresas de servicios públicos, se han observado incrementos sostenidos en las tarifas de los servicios públicos, estos incrementos se han realizado regiones en las que se registran niveles de pobreza superiores al 75% como en algunas regiones de la costa caribe. El incremento de las tarifas ha contribuido sin duda al empobrecimiento de la población colombiana, que se reporta especialmente desde la adopción del proceso de apertura económica.
Deterioro del servicio. Con las continuas denuncias del incremento de las tarifas, se tienen antecedentes del empeoramiento del servicio, consistentes en cortes imprevistos de la electricidad por falta de mantenimiento de los equipos, o incluso cortes de electricidad en horas pico con el objeto de minimizar los costos de la compra de energía a los generadores nacionales. Se tienen antecedentes de personas muertas por sobre voltajes de electricidad en toda la región caribe, estos casos no han recibido atención por parte de las autoridades, argumentando casos accidentales o climáticos. La continuidad de estos casos hace pensar que no son accidentales y que por el contrario obedecen a una política de minimización de costos que pasa por recortar los presupuestos de mantenimiento.
Empeoramiento de las condiciones laborales. Con la privatización, han llegado despidos masivos de trabajadores, también llega el empeoramiento de las condiciones laborales a partir de la desregulación laboral, y la subcontratación, por medio de la cual se trasladan las responsabilidades de seguridad social a terceros. Se reporta un despido de cerca de 700 trabajadores de las empresas subsidiarias de Unión Fenosa (electrocosta y electricaribe). De hecho se tienen antecedentes de persecución y hostigamientos contra dirigentes sindicales por parte de grupos paramilitares en varias de las ciudades caribeñas.
Protestas Populares. Los incrementos de las tarifas de servicios públicos y las sistemáticas fallas en el servicio han generado repetidas protestas callejeras por parte de los sectores populares, especialmente vulnerables por estas medidas. Se han realizado varias acciones jurídicas contra esta empresa, pero desgraciadamente todos estos casos han sido invisibilizados, o no han contado con el apoyo político que amerita.
Sector: Biodiversidad
Regiones: Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, Amazonas, Otros.
Este es talvez el sector con mayores vacíos de información, pero que por su importancia estratégica ante las nuevas tendencias tecnológicas e industriales cobra natural importancia. Colombia es el tercer país con mayor biodiversidad del mundo, en el que se presentan milenarios procesos de conocimiento por parte de comunidades indígenas, negras y campesinas. Se han reportado varios casos de apropiación de conocimientos e información genética por parte de centros de investigación, se desarrollan megaproyectos de transporte y proyectos productivos para la "domesticación" de la selva, y se despliegan fuerzas militares para el sometimiento de las comunidades y de sus territorios. En esta problemática se encuentran grandes regiones del territorio Colombiano, entre las que se cuentan el Chocó, Amazonas, Sierra Nevada de Santa marta, Serranía de San Lucas, entre otros.
Apropiación de Recursos Genéticos. Comunidades Indígenas de la Sierra Nevada, relatan la misión de médicos norteamericanos con el objeto de vacunar a las comunidades de la región, posteriormente se encontró que tomaron muestras de sangre que irían a enriquecer la base de datos del proyecto de genoma humano. Este caso es reconocido por varias comunidades aborígenes, que necesita ser documentado y precisado.
Investigación dentro de parques nacionales. Se han denunciado el emplazamiento de laboratorios de investigación dentro de áreas de parques nacionales (zonas de reserva por su riqueza en biodiversidad genética), entre estos casos se cuenta el parque de los Katios, el parque La Paya, entre otros. La información en este punto también es escasa, y se requiere profundizar en la identificación y la documentación de los casos.
Control de recursos minerales. Dentro de las regiones con altos contenidos de biodiversidad, también se cuentan importantes recursos minerales, que en algunos casos se encuentran en explotación, como es el caso de la minería en Carmen del Atrato, de la cual salen contenedores de amalgamas de mineral, que son reportados como minerales de cobre, sin embargo análisis mineralógicos reportan trazas de Wolframio, Tantalio, Oro, entre otros. Paralelo al control de estas reservas mineras se efectúan ofensivas paramilitares con el objeto de despojar a las comunidades de sus terrenos. Se ve con preocupación los intereses de las empresas mineras sobre las reservas mineras de Murindó, en el Atrato Chocoano.
Siembra de Palma Africana. En varias regiones con alto contenido de biodiversidad, que son regiones altamente vegetadas, consistentes en selvas húmedas ecuatoriales, se despliega también la siembra de palma africana, como un monocultivo que busca "romper la selva", lo que se entiende como introducir a estos territorios dentro de la lógica del mercado internacional. Estos cultivos están siendo desarrollados por organizaciones paramilitares, amparadas en la complicidad estatal, y por la inaccesibilidad del terreno. Se tienen comentarios de lugareños sobre las condiciones de explotación a las que se someten a los trabajadores de estas explotaciones, recordando las condiciones laborales de finales del siglo XIX. Los territorios de siembra de palma están dispersos por toda la cuenca del río Atrato (y en general por todo el país).
Control de Corredores Comerciales. El chocó es el eslabón que conecta el Plan Puebla Panamá (PPP) con sur América, por donde se integraría el sistema eléctrico hemisférico, y a través de la construcción de la troncal del Darién que conectaría las vías de centro y sur América consolidaría el modelo de explotación y expropiación de recursos naturales y mano de obra sobre América latina. En la actualidad se construye la primera línea eléctrica que inauguraría la integración energética regional, a lo que se le sumará el gasoducto que conectaría las reservas del golfo de Maracaibo, con los centros de consumo del sur de estados unidos y los puertos de embarque desde centro América al pacífico. Estas dinámicas explican parcialmente las dinámicas de desplazamiento forzado y apropiación violenta de las tierras y los territorios en esta región.
Alimentación (Soberanía y Seguridad Alimentaria, Movimiento de Lucha contra el Hambre y Nestlé de Colombia S.A.)
1. El problema del hambre y la desnutrición en Colombia, un país con inmensos recursos naturales y agrícolas, alcanza hoy proporciones insólitas. Las causas de ello son muchas, pero las principales se encuentran enraizadas en la dependencia alimentaria, exacerbada por gobiernos y multinacionales, la inseguridad alimentaria, asentada en la extrema distribución de la riqueza nacional, la inequitativa distribución de la tierra, la extrema monopolización, por parte de un puñado de capitalistas extranjeros y nacionales de los medios de producción disponibles en el sistema nacional agroalimentario, el desempleo y subempleo masivo y las bajas remuneraciones recibidas por la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos.
Bajo esa óptica, la solución a tan grave problema no puede más que estar en manos de las mayorías organizadas. El hambre es un problema originado básicamente en la distribución de los recursos y no en la carencia natural de ellos. En otras palabras, el hambre es causada por la forma de organización social, de apropiación y distribución de la riqueza predominante actualmente en el mundo, el capitalismo, y no por la falta de recursos agrícolas o incluso de producción alimentaria. No es ningún secreto que los recursos disponibles y la producción agroalimentaria mundial presente alcanza perfectamente para alimentar a la gran masa hambrienta que tiene el planeta. Igual ocurre en Colombia.
2. Quienes han sido los agentes principales del hambre en Colombia son las multinacionales agroalimentarias (Nestlé entre otras), que generalmente están ligadas a los grandes grupos financieros mundiales, los cuales controlan la economía del planeta y el sistema mundial agroalimentario, afectando con ello el desarrollo de los pueblos y naciones del Tercer Mundo.
3. Responsables de esta situación también son las políticas implementadas por los países centrales, los cuales se han dedicado a subsidiar su agricultura, manipular el comercio internacional, inundar de mercancías a bajos precios nuestros mercados, destruir las producciones locales, reducir los precios de los bienes básicos producidos por el Tercer Mundo, proteger sus mercados, elaborar leyes extraterritoriales para acentuar su hegemonía y control sobre el sistema mundial agroalimentario y a crear una inmensa dependencia de nuestros países mediante la importación masiva de alimentos básicos, el control de sus multinacionales sobre la propiedad de los medios de producción nacional agroalimentarios, el desarrollo de modelos de producción agropecuarios cada vez más atados a tecnologías concentradas en manos de muy pocos conglomerados y la modificación en el patrón de dietas y consumo alimentario tradicional.
4. Igual responsabilidad tienen los organismos multilaterales -FMI, BM, OMC-, que han aprovechado su condición de instrumentos internacionales de los gobiernos de las grandes potencias para imponer políticas y acuerdos antinacionales que han permitido destruir una buena parte de la producción agrícola nacional, del acumulado industrial agroalimentario, hacer avanzar a las multinacionales en el control sobre porciones cada vez más importantes del sistema nacional agroalimentario y posibilitar, mediante los TRIPS, AMI y el Acuerdo General de Servicios el control sobre nuestro germoplasma y biodiversidad y la destrucción y consecuente mercantilización monopólica de la producción campesina, indígena, de afrodescendientes y artesanos.
5. Cabe una inmensa culpa a los monopolios nacionales, el Estado oligárquico colombiano y a los sucesivos gobiernos, que han ayudado abundantemente a implementar el hambre mediante sus violentas políticas de expulsión de millones de pequeños propietarios rurales con el fin de concentrar la tierra en manos de terratenientes, políticos tradicionales, gamonales, paramilitares y narcotraficantes dejando sin una buena parte de la producción agropecuaria al país, aumentando así sensiblemente el precio de los alimentos y la importación masiva de ellos e incorporando a la producción agroindustrial ilegalmente decenas de miles de hectáreas de tierras comunales. Con la llamada apertura económica permitieron el arrasamiento de la producción de bienes básicos, reforzaron la economía agro exportadora y un modelo de cultivo basados en la explotación de bienes aromáticos, frutas tropicales, flores, azúcar y aceite de palma, que no permite asegurar la soberanía alimentaria, fomentaron el desempleo masivo y el subempleo, la monopolización de la propiedad sobre todos los medios de producción agroalimentarios y una política macroeconómica que ha favorecido ampliamente a multinacionales y monopolios nacionales, los cuales hoy controlan la inmensa mayoría de nuestra producción y comercio nacional e internacional.
Avanzar en soluciones a tan grave situación solo se logra si se comprende en su integridad la naturaleza del problema agroalimentario y se es conciente de la importancia que tienen las acciones de las organizaciones sociales dirigidas a contribuir a solucionar tan crucial cuestión. En ese sentido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos -Sinaltrainal- viene, desde hace quince años laborando, con muchas vicisitudes, en la construcción de una propuesta de solución política a ese problema, enmarcada dentro de la construcción de un Modelo de Desarrollo Democrático para el país; como alternativa plausible al neoliberalismo.
