Como estamos acostumbrados los que estudiamos historia, Estados Unidos aplica el manual CIA a cuanto conflicto afecta sus mal llamados intereses. Pero la situación en Colombia ha pasado de ser un conflicto político a una verdadera masacre del movimiento sindical.
Según el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), la precarización del empleo tiene en Colombia al paramilitarismo de ultraderecha como agente armado para imponer recortes en los derechos laborales, lo que mejora los balances de las corporaciones estadounidenses Chiquita Brands y Coca-Cola y de la suiza Nestlé. Nestlé está acusada en Berna, Suiza, de haber puesto en el mercado leche en polvo vencida y de perseguir a los trabajadores sindicalizados. El TPP consideró que "Colombia está incumpliendo sus obligaciones en materia de abstenerse de apoyar al terrorismo y en particular la resolución 1.373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas" sobre medidas para combatir ese fenómeno.
Las Empresas Transnacionales que han invertido sus capitales en Colombia, vienen explotando megaproyectos en el país para lo cual han utilizado diferentes métodos de apropiación de la tierra, y desarrollado diferentes modalidades de guerra sucia con apoyo de la clase dirigente del país y de las Fuerzas Armadas en general. Esta dinámica deja como resultado el asesinato de dirigentes sindicales de la industria de alimentos, de la industrias minera y petrolera; la expropiación de tierras a través del desplazamiento forzado; el genocidio de comunidades indígenas que son las propietarias ancestrales de los territorios, la erradicación y empobrecimiento del sector campesino y del agro colombiano, el desconocimiento de los derechos laborales internacionalmente reconocidos y el empobrecimiento del pueblo colombiano por la extracción y explotación masiva de los recursos naturales.
El principal señalamiento del TPP contra las tres empresas es haberse involucrado en Colombia "en prácticas violatorias de los derechos humanos más elementales, articulándose a las redes de violencia que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimar el imperativo de seguridad para los grandes inversionistas y empresarios". Proceso favorecido por la deslaboralización en marcha en Colombia, que pasa por la subcontratación, la reestructuración de sus procesos productivos. Pero además, por la persecución de cualquier resistencia los trabajadores. Las pruebas contra estas empresas son contundentes: Cocacola incrementó su capital en Colombia de diez mil dólares en 1942 a 628 millones en 2005. Por su parte cada trabajador de Nestlé pasó de producir 109.000 dólares en 1990 a 427.000 en el 2005. Pero no se han traducido esos beneficios en mejoras para el trabajador, cuyo nivel de vida ha sido calificado de pauperrimo.. Al contrario, varios han muerto. Entre los incidentes que recogio el TPP están los asesinatos de 10 trabajadores sindicalistas de la corporación de alimentos Nestlé y de nueve de la fabricante de refrescos Coca-Cola.
En el caso de Chiquita, la acusación es mucho mas grave, no solo en terminos juridicos, sino sociologicos. Se ha establecido la conexion de esta empresa con el paramilitarismo colombiano, como una herramienta con las que se ejecutan las decisiones ilegales del Estado y las empresas transnacionales, para eliminar cualquier oposición que aparezca en contra de sus políticas. En la zona de Urabá, donde opera Chiquita, consta que se importaron 3000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles destinados a los grupos de Córdoba y Urabá. A través de la infraestructura aduanera de Chiquita Brands en Turbo, se mueve el 15% de las exportaciones del país, pues la bananera norteamericana no sólo posee el 45% de hectáreas de banano de la zona, sino que se proclama dueña de la navegación en los canales que unen a todas las plantaciones y sólo su flota de barcazas está en capacidad de recoger las cosechas empacadas y transportarlas hasta alta mar del golfo, en donde sólo pueden ser embarcadas en barcos refrigerados de Chiquita Brands. Es decir, que a pesar de la existencia de algunos productores independientes, la bananera tenía control absoluto de toda la actividad económica de la zona. "Para obligar a un trabajador a retirarse del sindicato o de la empresa, a renunciar a pretensiones legítimas, a aceptar condiciones laborales precarias, se recurre sistemáticamente a paramilitares que, por medio de intimidaciones, secuestros, atentados, amenazas, torturas y asesinatos, buscan hacer efectivos los nefastos propósitos de la transnacional y del Estado colombiano", señaló el TPP. Lo que puede llamarse una irionia es que este cargamento fue entregado a una organzacion que públicamente ha sido incluida en la lista de 24 organizaciones a las que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, les había declarado la guerra: las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos le impuso a Chiquita Brands una multa de 100.000 dólares, en octubre de 2001, por haber permitido que su filial colombiana, CI Banadex, hubiera sobornado a empleados de la DIAN para comprar su licencia aduanera y portuaria en Turbo; la OEA había publicado su informe sobre el barco Otterloo (donde se cargó los fusiles) detallando responsabilidades de empleados públicos en Colombia, Nicaragua y Panamá y asegurando que Banadex le había entregado las armas a Carlos Castaño, líder de la AUC (sin aclarar, eso sí que Banadex era sólo el nombre local de la emblemática bananera de los Estados Unidos), y el DAS había capturado, entre otros, al gerente de operaciones de Chiquita Brands en Turbo, Giovanni Hurtado Torres, a quien la Fiscalía mantiene asegurado en prisión por terrorismo, en relación con un concierto para traficar armas para la AUC.
Chiquita Brands asegura que “la única razón que la compañía tuvo para someterse a estos pagos para proteger a sus empleados fue el riesgo que representaba para su seguridad si ello no se hacía”. Es decir, una extorsión a favor de un grupo terrorista colombiano, pero Colombia tiene tres. El primero de ellos, las FARC-EP, había dejado de ser la organización criminal dominante en la zona mucho antes, desde que, junto con la construcción de la infraestructura aduanera de Chiquita Brands, se estableciera en ella la XVII Brigada del Ejército, a cargo en su época crucial del general Rito Alejo del Río, y su derrota en el Urabá antioqueño era un triunfo que militarmente reivindicaban, por un lado el presidente Álvaro Uribe con su política de Pacificación de Urabá, desde la gobernación de Antioquia, y, por el otro, Carlos Castaño Gil, como comandante y fundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, que para entonces era una especie de “cuerpo elite” de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
La Comisión de Cambios y Valores (SEC, por su nombre en inglés), ante la denuncia de ongs sobre las actividades de Chiquita, inició un examen de la contabilidad de la bananera en busca de presuntos pagos ilegales. En 1998, hicieron su descubrimiento: una “donación marina” que no tenía ningún soporte. Al cabo de tres años, la SEC concluyó que tal pago había sido destinado a funcionarios de la DIAN, y la empresa en Cincinnati aceptó pagar una multa por no vigilar las actuaciones de su filial colombiana, a cambio de que cesara el procedimiento sancionatorio de la SEC. Aunque el caso fue denunciado ante la DIAN en 1998, la directora, Fanny Kerztman, ordenó el archivo definitivo de la investigación, por considerar que la denuncia de soborno era infundada. Pero los hallazgos de la investigación interna mostraban un extraño cambio de parecer, coincidente con las fechas en las que se registraron los pagos de la “donación marina”. Inicialmente, en octubre de 1996, la DIAN conceptuó que no se podía acceder a la licencia solicitada por Chiquita, porque su bodega no cumplía con los requisitos y la DIAN no tenía naves propias para revisar la mercancía en alta mar; pero en febrero de 1997, la DIAN consideró que las exportaciones de Chiquita eran fundamentales para la economía nacional (en medio de la “Crisis del 8.000”) y que por ello su solicitud ameritaba una autorización especial. La Fiscalía recibió la misma denuncia en 1998, pero radicó el proceso ante un Juez Penal Municipal de Turbo.
Toda esta información habría quedado sepultada de no ser por la actividad de un periodista. Mike Gallagher, quien redacto “Revelados los secretos de Chiquita Brands” , secretos dados a la Bolsa de Valores de Nueva York y a los archivos de la bananera en la Comisión de Valores de Estados Unidos: Es decir, la multa por sobornar en Colombia, de cuya investigación se desistió durante el gobierno de César Gaviria, quien posteriormente tuvo que explicar esta situacion a titulo de Secretario de la OEA cuando la Fundación para Las Américas quiso darle a Chiquita Brands el premio de “responsabilidad social contra la pobreza y la corrupción”. Como el caso del Otterloo estaba abierto en la OEA, por su propia iniciativa, suena ridicula su explicación: “No tenía ni idea de que Banadex es la filial de Chiquita en Colombia. Yo no tengo por qué saberlo todo”, le dijo César Gaviria a la revista Cromos.
¿Cómo no iba a saberlo? Toda América lo sabía, de la misma forma que todo el continente sabe que la Chiquita no se llamo así desde siempre. Porque en realidad su nombre original es United Fruit Company, una empresa con una triste y nefasta historia interventora en Centroamerica
Incomprensible en una Colombia supuestamente democratica, existen desde 1964 una serie de guerrillas de izquiera y desde 1982 paramilitares ultraderechistas financiados y apoyados por el Estado, y que son responsables del 80% de las violaciones de derechos humanos en ese país, según fuentes de la ONU. ¿Cual ha sido la actuación del gobierno de Uribe? Desmovilizarlos, pero no enjuiciarlos, aunque consta que estos grupos paramilitares estan liderados por famosos narcotraficantes.
Pero ¿fueron desmovilizados realmente? La informacion que recoge el TPP da a entender que no, que su objetivo ha sido cambiado desde la guerrilla al sindicalismo. Si bien el numero de sindicalistas muertos puede parecer pequeño, (70 aproximadamente) no significa que no se este instalando en Colombia un terrorismo de Estado contra toda forma de libre expresion laboral. Según la Escuela Nacional Sindical (ENS), ademas de los fallecidos hasta el año 2005, 260 sindicalistas recibieron amenazas de muerte, 56 fueron detenidos arbitrariamente, siete sufrieron atentados, 32 fueron perseguidos por su actividad sindical, ocho tuvieron que dejar sus hogares, tres fueron desaparecidos y uno soportó un allanamiento ilegal. Consta la participación de estas tres empresas, pero según el TPP, varias empresas mineras del oro y carbon, madereras y de palma africana, petroleras, y de servicios públicos han incurrido en las mismas faltas. Por ello, se ha establecido que en julio de 2008 se hará un juicio sobre el modelo económico y militar impuesto en Colombia. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal), que demostró ante un tribunal del distrito Sur de Florida, Estados Unidos Coca-Cola incrementó su capital fundacional en este país andino de 10.000 dólares, en 1942, a 628 millones de dólares en 2005, sin que mediaran inversiones de su casa matriz. Entre 1990 y 2001, la firma incrementó su patrimonio en Colombia ocho veces, 26 veces sus activos, y 1,4 veces el valor creado en sus fábricas, y registró una rentabilidad promedio anula de 80 por ciento en la década de 1990, a costa de un prcoeso de rediseño de sus patrones de inversión y utilidades desde 1980 que han cerrado fábricas, plantas y subsidiarias, y dan prioridad al empleo temporal y subcontratado. En los años 90, Coca-Cola redujo en 3,5 veces la cantidad de sus trabajadores con estabilidad laboral y en tres veces la de sindicalizados. Esta política significó en la última década una reducción de costos salariales de 35 por ciento cuando contrata trabajadores temporales, de 60 por ciento cuando el trabajador es incorporado a través de un contratista y de 75 por ciento cuando proviene de una cooperativa. En conjunto, Coca-Cola ha reducido en 2,5 veces la masa salarial de sus trabajadores entre 1998 y 2005.
¿Cocacola ha cambiado su política?No. A raíz de la demanda, destinó 10 millones de dólares a tres fundaciones que ella misma hizo crear en Colombia para beneficiar a población vulnerable.
Lo que transforma esta situacion en una tragedia es el hecho que estos crímenes continúan en absoluta impunidad, mientras que los denunciantes han sido objeto de procesos penales, pasando de acusadores a acusados."El terror laboral impuesto en Colombia por el Estado y las multinacionales combina (...) estrategias legales e ilegales", de tal modo que quienes denuncian estos hechos son convertidos en acusados, y en algunas ocasiones se los vincula con la guerrilla, según el TPP. Sin necesidad de aplicar una ley de amnistia a la chilena, en Colombia opera la impunidad para los que atacan a estas personas: ocultamiento de los victimarios por parte del Estado; legalización de los grupos de autodefensa; ausencia de registro de personas capturadas y encarceladas en instalaciones militares; renuencia de las autoridades a recibir denuncias sobre hechos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad; amedrentamiento de testigos o denunciantes; inexistencia de tipificación de delitos como el homicidio colectivo y la desaparición forzada; Fuero Militar, extensivo aún para delitos comunes cometidos “en virtud del servicio” por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; y la expedición de una legislación de cuasi-indulto, indulto impropio o amnistía disfrazada para los paramilitares.
Y, como en el caso de Chile, todo esto coronado por la ausencia de voluntad política estatal para
enfrentar esta grave lesión a los derechos humanos fundamentales. Por ello, según el TPP, Colombia es responsable internacionalmente, por incumplimiento del derecho al trabajo, que su Constitución política reconoce, así como de los derechos laborales reconocidos en diversas convenciones internacionales celebradas en el marco de la OIT, como la nº 87 y la nº 98; por incumplimiento de sus obligaciones de persecución de los crímenes de lesa humanidad y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes, debido a la ausencia de un poder judicial realmente independiente; y por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de persecución del terrorismo. Sin perjuicio de lo anterior, las personas pertenecientes a los órganos del Estado, sea cual sea su posición en ellos, son también individualmente responsables en el ámbito penal, como autores o cómplices, de aquellos crímenes de lesa humanidad en los que hayan participado.
Esto simplemente se debe a una política neoliberal impuesta en América Latina que esta dando producto a crisis sociales. Colombia es un caso extremo, pero otros paises estan en la mira
La política neoliberal que se viene imponiendo en los países de América Latina somete a sus pueblos a la pobreza y al hambre. Por su parte, los ejemplos de resistencia civil que se presentan son duramente reprimidos y la población en general está siendo víctima de Crímenes de Lesa Humanidad y modalidades de guerra sucia que tanto las Empresas Transnacionales como el Estado colombiano han implementado.
Enlaces y documentos sobre el caso
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